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Boletín de prensa 15 de julio de 2011
EL TIEMPO
CORTES NO DESCARTAN PRESENTAR SU PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente del Consejo de Estado propone un 'plan b' para reformar la justicia.
Esto, tras fracasar intento de presentar en el Congreso una propuesta unificada con el Gobierno.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, dijo que aunque no hay un proyecto definido, la posibilidad de que las altas cortes lleguen al Congreso con una propuesta propia de reforma a la justicia no ha sido descartada.
De esta forma, Fajardo le respondió al ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras quien manifestó en la mañana de este jueves que “el Gobierno no tiene ningún inconveniente en que las cortes radiquen ante el Congreso su propia iniciativa”.
El pasado miércoles 13 de julio se produjo el último intento de concertación entre el Ejecutivo y las altas cortes para buscar presentar en conjunto un proyecto de reforma a la justicia.
Por lo tanto, será en el Legislativo, desde el 20 de julio, donde se discutan las diferencias y se defina el futuro de la norma.
Entre otras diferencias, el Gobierno es partidario de mantener la tutela contra sentencias, pero con requisitos. En el borrador del proyecto de reforma figuran, entre otras reglas, que el recurso se interponga mediante abogado y ante el superior jerárquico del juez tutelado. La iniciativa establece un mes para que sea presentada.
En la última reunión, la oposición a lo anterior provino de los voceros de la Corte Constitucional, quienes consideran un error ponerle condiciones a la presentación del recurso, pues le restaría poder y eficiencia.
Otro punto de división tiene que ver con intervención de las altas cortes en la elección del procurador y el contralor. La Corte Suprema considera que debe mantenerse esa función electoral, por lo menos en la designación del jefe del Ministerio Público.
El Gobierno, por su parte, cree que deben desaparecer estas funciones. De hecho, otro cambio que contempla el proyecto es en la elección del fiscal general. El procedimiento actual (que la Corte Suprema elige de terna presentada por el Presidente) se invertiría.
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO DEBEN SER REPARADAS: DEFENSORÍA
Así lo explicó el asesor de la delegada para el tema dentro de la Defensoría del Pueblo.
Según Mario Suescún, asesor de la Defensoría del Pueblo, más allá de la edad, los niños reclutados dentro del conflicto son víctimas y han visto sus derechos "gravemente" violados.
Así lo explicó el asesor de la delegada para el tema dentro de la Defensoría del Pueblo, quien consideró que el caso del reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado de Colombia ejemplifica las 'dos Colombias', una que se vive bajo el control estatal en las grandes ciudades del país, y otra donde realmente preside la desigualdad y la inasistencia del Estado y la ausencia institucional.
Los expertos que en el marco del Coloquio 'Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto de la Ley de Justicia y Paz' han expuesto sus ideas desde las distintas entidades que trabajan en torno a dicha problemática parecen concordar en los grandes retos que Colombia enfrenta ante el reto del reclutamiento forzado de menores de edad en el conflicto.
De un lado, los expertos coinciden en que el problema podría radicar en la debilidad estatal y ausencia institucional, sobre todo en términos del sistema judicial, en muchas zonas del país, y en su mayoría en aquel que Suescún llamó 'el otro país'.
De acuerdo con Rocío Rubio, del Departamento Nacional de Planeación, encargado de elaborar el Conpes que rige frente al tema en cuestión, "la Fiscalía tiene 1.100 investigaciones entre inactivas y activas" sobre casos relacionados al reclutamiento de 'niños soldados'.
Sin embargo, y tomando en cuenta que ya más de 4 mil ex niños soldados han salido del conflicto, Suescún agregó que "en términos de acceso a la Justicia, a la verdad y a la reparación, estos NNA solo han encontrado 2 sentencias".
Vale la pena resaltar, de acuerdo con Carol González, fiscal 99 de Derechos Humanos y DIH, que se espera que a final de este año se logren 27 sentencias condenatorias frente al tema del reclutamiento de NNA en el conflicto.
"Las cifras demuestran la invisibilidad de la problemática", dijo Rubio, recalcando que una de las principales recomendaciones del Conpes es adquirir el ritmo "altamente dinámico" del fenómeno para "identificar los municipios" donde se presenta con mayor frecuencia y allí, además de actuar acorde con la real necesidad de resocialización, "hacer énfasis en prevenir".
"La reconocemos formalmente pero no estamos atendiendo esa enfermedad como deberíamos atenderla", dijo Suescún, y agregó que "los ejercicios de consolidación son bastante precarios", y trajo a colación un ejemplo que conoció hace 2 meses donde un comandante del Ejército en zona rural del país también hacía las veces de policía y de psicólogo del Icbf. Pareciera que "lo que debería ser una política pública de infancia en este país opera de una manera absolutamente inversa con los niños", dijo.
Sin embargo, también coinciden los expertos en que el debate frente a la no vinculación a procesos de reparación de aquellos que fueron reclutados siendo niños pero que permanecieron en el grupo al margen de la ley después de cumplir 18 años, es clave pero bastante complejo.
Cuestionan el hecho de que el Estado acoja en sus programas de reparación a los NNA recluidos forzosamente solo hasta que cumplan 18 años. De ahí en adelante, se asume que siguen en la organización armada por voluntad propia.
Para unos, esto resulta irreal puesto que, entre muchas otras posibles razones, no es viable pensar que ellos pueden abandonar el grupo en el momento que lo deseen.
No obstante, y sin demeritar el punto de vista previo, también hay que "garantizar que algunos como 'Karina' o 'Martín Sombra' que fueron reclutados siendo niños apliquen a la reparación", como planteó el director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de la Justicia, Miguel Samper Strouss.
Si a lo anterior se agrega que "la Ley de Justicia y Paz logró que el reclutador de NNA del conflicto armado tenga la posibilidad de que los reclute y que además purgue o pague una sanción de 8 años, mientras que el niño puede llegar a pagar esa misma condena", como lo planteó el asesor de la Defensoría Mario Suescún, la situación juríca alrededor de dicho reclutamiento se ve endeble.
En cualquier caso, y aunque otros, como Paula Gaviria de la Fundación Social, rescataron los aspectos clave dentro del marco jurídico del reclutamiento de la Ley de Víctimas que incluso cuenta con unos capítulos específicos de Género y NNA, "el reto es como acercar y hacer efectivas las normas y la realidad", como dijo la consultora internacional y experta en el marco jurídico del tema, Beatriz Linares.
"El reclutamiento no importa si es forzado o voluntario, es reclutamiento ilícito en todos y cada uno de los casos", señaló Linares, ya que "el punto de voluntariedad no tiene desde el punto de vista jurídico ninguna importancia", agregó Eduardo Gallardo de Unicef.
"Todas las víctimas de violaciones graves a sus derechos en el marco del conflicto deben ser reparados", terminó Suescún, citando al viceministro del interior, Aurelio Iragorri Valencia.
LOS VEINTE AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
Álvaro Valencia Tovar
Todavía nos preguntamos si no hubiese bastado una reforma a fondo de la de 1886 en materia social y de derechos individuales, entre otros aspectos.
En medio de los florilegios que vienen acompañando el vigésimo aniversario de la Carta de 1991, es conveniente examinar el tema como lo hace Eduardo Posada Carbó, a la luz de nuestra historia constitucional, pero al mismo tiempo con la mente puesta en los efectos de este octavo intento de lograr que esa base fundamental de la existencia de la república se funde en equilibrio entre tendencias opuestas y consulte la realidad del momento histórico que se vive.
A raíz de la aprobación de la Carta del 91, en esta columna se predijo que no pasaría mucho tiempo antes de que se iniciara una cadena de reformas, por cuanto el nuevo instrumento se dictó en buena parte como si no estuviéramos sumidos en un conflicto sexagenario. La institución más afectada por esta situación fue la justicia, que era, precisamente, la que con mayor cuidado debería haberse contemplado. En cierta forma, la obsesión por consagrar derechos dejando en el cuarto de san Alejo los deberes de los ciudadanos formó parte de este desequilibrio, que nos llevó a colocar los derechos de criminales abyectos por encima del bien social. Este desencaje, en pleno conflicto armado, ha producido casos tan monstruosos como el del Palacio de Justicia, en el que los militares que rescataron la casa de los jueces donde se pretendió montar un "juicio revolucionario" al Presidente de la República resultan condenados a 30 y 35 años de cárcel, en tanto quienes ordenaron la toma criminal figuran en cargos diplomáticos y hasta candidaturas a los más alto cargos del Estado.
La creación de una Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, innecesarios los dos, ha producido el llamado periodísticamente "choque de trenes". Como era dable esperar, la nueva Carta requeriría un largo proceso de adaptación de la normatividad vigente, que, entre otras materias, incluyera la justicia penal acusatoria, pero no parece necesaria una nueva Corte, sino ampliar la Sala Constitucional de la Suprema.
El derecho a la tutela, que requería mucha mayor precisión conceptual y jurídica, por dar alcance absoluto a los derechos tutelados, ha dado el mismo alcance a los fallos de la Corte Constitucional, hasta el extremo de despojar de validez a las pruebas recaudadas en una operación militar (caso 'Raúl Reyes' en la Operación Fénix) por no haber sido obtenidas por un organismo judicial, aparte de que las pruebas tomadas del computador del terrorista fueron descalificadas en el fallo, con enorme daño a la misma justicia y al Gobierno, responsable, por el mismo ordenamiento constitucional, de la guarda del orden público y de la seguridad nacional.
A lo anterior habría que agregar la millonaria demanda de los parientes de uno de lo ocupantes del campamento de las Farc. ¿Qué tal que semejante criterio hubiese regido para indemnizar a las víctimas civiles de los fuegos preparatorios del desembarco aliado en Normandía? Nos preguntamos si para resolver las tutelas no se hubiese podido crear en la Corte Suprema una sala o repartición dedicada exclusivamente a resolverlas.
Al Consejo Superior se le otorgó la facultad de dirimir las colisiones de competencias, materia de singular importancia cuando se presentan en el conflicto armado, pero luego, en el afán de acabar con la Justicia Penal Militar, se le arrebataron en una de las 21 reformas que ha sufrido la Constitución en sus veinte años de vigencia. Creo no haberme equivocado al señalar que la nueva Carta recibiría una cascada de modificaciones: ¡21 en 20 años! La del 86 tuvo 4 en 103 años. Era la más antigua de América después de la de Estados Unidos. Todavía nos preguntamos si no hubiese bastado una reforma a fondo que introdujera los avances y modernización de la de 1886 en materia social y de derechos individuales, entre otros aspectos.
EL ESPECTADOR
¿RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL PARA LAS CORTES?
Ante nuevas exigencias para elección y requisitos, magistrados de las altas cortes proponen posibilidad de salir pensionados.
Período de los magistrados
Hay un tema de la reforma a la justicia que el Gobierno llevará al Congreso el próximo 20 de julio que anuncia ardua polémica. Tiene que ver con los requisitos, el periodo, las inhabilidades y la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes.
La propuesta del Ejecutivo —expuesta en la reunión de la Comisión Interinstitucional para la Reforma que se realizó entre lunes y martes pasado— es que para ser magistrado de dichos altos tribunales se debe tener más de 50 años de edad, ampliar de 10 a 20 años el requisito de experiencia profesional y de 8 a 12 el periodo de permanencia en el cargo. Asimismo, se aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso y se busca establecer para los magistrados —además del fiscal general, el procurador, el contralor y el registrador nacional– la prohibición de aspirar a cargos de elección popular dentro de los cinco años siguientes a su retiro del tribunal o la corporación o durante el periodo de éste. Incluso, se busca cerrar la posibilidad de que sean nombrados como embajadores.
Destapadas las cartas por parte del Gobierno, la reacción de las altas cortes no se hizo esperar. Según conoció El Espectador, ante un régimen tan estricto, los magistrados plantearon que se considere la posibilidad de salir pensionados. Más o menos, lo que quisieron decir fue que si la edad mínima para ser magistrado es 50 años, más los 12 en el cargo y los cinco de inhabilidad para llegar a puestos de elección popular, al salir quedan prácticamente por fuera del escenario laboral-judicial.
El lío está en que para otorgarles el beneficio de la pensión se requeriría establecer un régimen especial, algo que está prohibido por mandato constitucional. Eso quiere decir que sería necesario tramitar un acto legislativo para otorgar ese derecho.
Por cierto, en cuanto al reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, la propuesta del Gobierno es que se aplique la cooptación indirecta, es decir, que sean elegidos por la propia corporación de una lista de seleccionados elaborada por la sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial, la entidad que entraría a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura.
Otro asunto que inquieta a las altas cortes y por el que están dispuestas a dar la pelea es el de la autonomía presupuestal. El criterio es que la justicia nunca será independiente mientras no tenga recursos propios. Sus propios cálculos indican que se necesitan $1,3 billones anuales y se ha hablado de destinar un punto del IVA, aportes específicos de la Superintendencia de Notariado o destinar un porcentaje de los ingresos de la nación. Sobre este último punto, el Gobierno cree que no es conveniente porque, ¿qué pasaría cuando dichos ingresos se caigan?
CINCO AÑOS DE CONQUISTAS LGBTI
Tres reconocidos centros comunitarios y protocolos de atención en salud en 13 de los 22 hospitales del Distrito son algunos de los logros.
La pregunta era ¿a qué tipo de persona no le gustaría tener de vecino?, la hacía el Distrito a ciudadanos de distintos estratos y hace cuatro años el 55% de ellos contestaba que a los homosexuales. El año pasado se repitió el cuestionamiento, pero el porcentaje bajó a 28%. Es el ejemplo que usa la alcaldesa de la localidad de Chapinero en Bogotá, Blanca Inés Durán, para referirse a los logros alcanzados por la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), luego de cinco años de política pública en la capital.
Nadie sabe cuántos son porque la administración distrital no cuenta con un censo, en esta ciudad que, se estima, tiene unos siete millones de habitantes. Lo que sí está claro —y se evidencia en la respuesta anterior— es que hoy gozan de mayor aceptación y espacios conquistados desde el Estado, lo que ha convertido a la capital en un ejemplo nacional.
Acaso el principal logro de la política pública LGBTI en Bogotá sean los tres centros comunitarios que funcionan de manera gratuita en Chapinero, Bosa y el Centro, los cuales a mayo de este año han atendido a 22.000 miembros de esa comunidad en servicios como orientación jurídica, asesoría psicológica, acompañamiento a organizaciones y atención a las violaciones de derechos humanos.
Esta semana el centro que funciona en Chapinero ganó el premio León Zuleta por la Diversidad Sexual y de Género 2011, como mejor institución oficial que trabaja en la defensa de los derechos de los sectores LGBTI. Su director desde el año pasado, el psicólogo Daniel Verástegui, dice que quizás el mayor aporte de estos lugares sea que han posibilitado la libre expresión sin miedo al rechazo.
No es el único servicio especializado que les ofrece la ciudad a quienes tienen orientaciones sexuales distintas. Trece de los 22 hospitales distritales hoy cuentan con protocolos de atención LGBTI, con médicos especializados y acceso diferencial, según explicó el secretario (e) de Salud, Harold Cárdenas. Las cifras señalan que la ciudad invierte $2.000 millones anuales para atender a 9.000 LGBTI que están afiliados a la seguridad social.
Es el reconocimiento a unos sujetos de derecho que antes, sencillamente, no existían para el gobierno local. Los primeros pasos de la política pública se comenzaron a dar durante la primera administración de Antanas Mockus (1995), cuando se crearon los semilleros de convivencia sobre homosexualidad. Entonces, por primera vez se intentó medir los niveles de homofobia.
Camila Esguerra es la coordinadora de gestión institucional de la política LGBTI en el Distrito y cuenta que fue hasta 2005 cuando sobre este tema se dio el primer intento normativo en el Concejo. Lo lideró el concejal Carlos Vicente de Roux, quien presentó un proyecto de acuerdo con la política pública. Fue aprobado apenas en 2009.
En 2007, luego de un año de consultas a líderes LGBTI de distintas organizaciones, el entonces alcalde Lucho Garzón ya había decretado algunos de sus lineamientos y creado la Dirección de Diversidad Sexual, en la Secretaría de Planeación, y la Gerencia de Mujer y Género, en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac). Es decir, la existencia de la política pública se cuenta desde 2006 y por eso hoy se celebran sus cinco años.
Y en medio de la celebración cabe hablar de los retos por delante: Camila Esguerra detalla que quedan algunas estadísticas por cumplir. Entre ellas, llegar a 40.000 personas atendidas en los centros comunitarios y hacer 10.000 sensibilizaciones ciudadanas. El secretario de Salud asegura que falta ampliar la cobertura en salud para esta población y realizarles un censo.
Más allá, los expertos coinciden en que sigue habiendo discriminación contra los LGBTI en colegios, iglesias y en la propia familia. La alcaldesa de Chapinero, Blanca Durán, menciona además dos retos fundamentales: la seguridad (el año pasado se registraron dos homicidios contra transgeneristas) y que el próximo alcalde incluya en su Plan de Desarrollo esta política pública.
De eso último dependería, entre otras cosas, que el porcentaje de la respuesta que se mencionó al principio de esta nota siga bajando.
REFORMA POLÍTICA APLICARÁ PENAS MÁS DURAS CONTRA LOS PARTIDOS
El presidente Juan Manuel Santos sanciona la nueva ley, que contempla la cancelación de la personería jurídica a las colectividades.
El Gobierno Nacional a esta hora cumple con la sanción de la reforma política que regirá para las elecciones de octubre.
La nueva ley, que es sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, establece un régimen sancionatorio para los partidos políticos, el cual va desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución.
No sólo establece una escala de sanciones aplicables según la falta de que se trate, sino que distingue entre sanciones administrativas aplicables por el Consejo Nacional Electoral y sanciones que afectan el derecho de asociación, como la cancelación de la personería jurídica y la disolución, que corresponde aplicar al Consejo de Estado en única instancia.
Así mismo, señala el sistema para la financiación estatal de las campañas; regula el anticipo y la propaganda a través de los medios de comunicación; crea la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática,
Aunque la ley aprobado por el Congreso implementa el voto electrónico y la identificación digital de la huella, ya se sabe ante la falta de presupuesto es imposible poder ejecutar esas iniciativas para los comicios de octubre.
NIEGAN RUPTURA EN LAS NEGOCIACIONES
Diálogos con Gobierno por reforma judicial seguirán, dice Consejo de Estado
Su presidente Mauricio Fajardo advirtió que el compromiso fue seguir la negociando y que no se ha hablado de una propuesta unificada de las cortes.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, negó que hubiera habido una ruptura del diálogo que se adelanta con el Gobierno de cara a la reforma a la Justicia.
Señaló que el compromiso al que llegaron al inicio de la semana era seguir reflexionando y disertando sobre el particular, por cuanto no se han levantado las negociaciones.
Señaló que la Sala Plena del Consejo de Estado ha venido analizando los resultados de esta nueva etapa de conversaciones y que allí también es posible contemplar la posibilidad de que las altas cortes presenten su propia propuesta unificada.
Sin embargo, desestimó que los presidentes de cada una de las colegiaturas hayan dialogado acerca de la posibilidad concreta de volver a presentar la propuesta en mención.
Tras los diálogos adelantados por el ejecutivo y el judicial al inicio de la semana, se indicó que no había consenso y que sería directamente el Congreso el siguiente escenario para la discusión.
Finalmente, el Ministerio del Interior y de Justicia expidió un comunicado en el que señalaba ver con buenos ojos la posibilidad de que las cortes presentaran su propia iniciativa ante el legislativo. Aún así, el presidente del Consejo de Estado indicó que no habido aún un diálogo en el cual se plantee esa posibilidad.
DE VIDA O MUERTE
Por: Catalina Ruiz-Navarro
El 20 se julio se pasará una propuesta de acto legislativo para reformar la Constitución que parece ideada en el mismo infierno al que los Conservadores tanto temen. La propuesta busca reformar la Constitución para declarar que la vida es inviolable “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Es decir, abortar sería ilegal en todos los casos y la eutanasia ni pensarlo.
Uno de los sofismas de las propuesta es que iguala concepción con vida y vida con persona, una ecuación que está bien para los Católicos ortodoxos pero que difícilmente puede ser compartida por todos.
Una de las preguntas más recurrentes en el debate sobre la legalización del aborto es “¿cuándo comienza la vida?”. Es una vieja pregunta. Los griegos por ejemplo, afirmaban que Zeus podía preñar a alguien solo con una mirada, mirada que además contenía todo el destino del héroe, que estaba resuelto incluso antes que la mirada inseminadora de ese todopoderoso. Dentro del sistema de creencias de la mitología griega uno podría preguntarse si acaso la concepción está en la profecía, y entonces es anterior incluso al contacto físico.
Para los Católicos la vida comienza con el óvulo fecundado, es, según ellos, el momento en que la mano de Dios le inyecta el alma al embrión que entonces se convierte en persona. Un momento mágico. Para los que no creemos en la magia un embrión es un embrión que se va convirtiendo en un feto que después de 9 meses se convierte en un bebé después en un niño, un adolescente, un adulto, un viejo. ¿En qué momento de ese proceso se gana el nombre de persona? ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer antes de poder ser llamado un hombre? ¿Quién decidió que las creencias de la iglesia Católica son más validas que las de los antiguos griegos, Bob Dylan o yo?
Supongamos que es indiscutible que ese Dios masculino mete mano en todas las concepciones humanas, obviemos cuanto se parece esa idea a una violación, y contemplemos un panorama en el que la Constitución Política declara que la vida comienza en la concepción y desde entonces debe ser protegida.
Lo primero es que los abortos no disminuirían, si una mujer no quiere tener un hijo lo más probable es que se las arregle para no tenerlo, así eso signifique recurrir a ganchos de ropa en los callejones. Además esta reforma algunos métodos anticonceptivos como el DIU saldrán del mercado, con lo que aumentará el número de embarazos no deseados que actualmente son 51% de los casos. Tampoco se podrá practicar un aborto si la vida de la madre está en peligro, dejando a muchos niños huérfanos como si la guerra no fuera suficiente. Nuestro sistema de salud no da abasto para saciar los bolsillos de los ladrones del sector, menos va a poder asistir a todos los niños que nacerán con malformaciones. La fertilización in vitro sería inviable porque en ese proceso se desechan muchos óvulos fecundados, así que las parejas que sí quieren tener hijos también se verían afectadas por la reforma y ni hablar de muchos enfermos terminales que están a la espera de una cura que tal vez será encontrada gracias a la experimentación con células madre. Esos mismos enfermos tendrán que aguantarse la vida en condiciones miserables, hasta que a sus almas les de la gana de dejar sus cuerpos que se pudren porque a una muerte digna tampoco tendrían derecho. Eso sin contar la vergüenza de quedar rezagados en materia de progreso científico, y que el país tendría que asumir los costos diplomáticos de una condena internacional por el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si los Católicos Conservadores que pasarán está propuesta creen que ese es un mundo mejor allá ellos, nadie les está diciendo que no pueden criar nietos huérfanos y malformados y morir sin poder recordar siquiera quiénes son y para qué vivían. Lo verdaderamente macabro es que ellos quieran imponerle ese estilo de vida a los demás y de paso hacerle a la Constitución colombiana lo que no quieren que nadie le haga a sus hijas.
EL NUEVO SIGLO
PENSIÓN FAMILIAR NO ATACA SOSTENIBILIDAD
Un análisis del proyecto que busca ampliar la cobertura del sistema pensional y establecer la pensión familias, deja al descubierto que ésta es apenas una solución parcial que no ataca el problema de fondo, que es la sostenibilidad del sistema.
Así lo ponen al descubierto la directora de Riesgos Profesionales y Seguridad Social de Fasecolda María Isabel Posada y el subdirector de la Cámara de Seguridad Social, Christian Mora. Esta iniciativa, que hace curso en el Congreso, establece que la creación de la pensión familiar permitiría “que las personas puedan unir con sus cónyuges o compañeros permanentes las semanas o el capital requerido para acceder a la pensión de vejez, en caso en que por sí solos no alcancen a reunir los requisitos”.
Indican los investigadores que “si bien estas bondades justifican que el Congreso dé un juicioso debate a la creación de la pensión familiar, tanto el Legislador como el Ejecutivo deben ser muy cuidadosos, para no ahondar los problemas que causan la baja cobertura y que con esta disposición no se corrigen”.
Señalan los expertos de Fasecolda que el texto que finalmente sea aprobado no debe desincentivar la cotización y se debe buscar que quienes accedan a esta pensión sean quienes realmente, después de un esfuerzo comprobado por cotizar, no logran cumplir los requisitos.
“Igualmente se debe ser cauteloso en no aumentar el ya significativo pasivo pensional del Estado. Bajo la normativa actual, quienes estando afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida no puedan acceder a una pensión de vejez, reciben una indemnización sustitutiva, que representa, en costos para la Nación, una proporción muy inferior al gasto necesario para financiar una pensión completa para el rentista y sus beneficiarios de ley”, puntualizan.
Indican que establecer la Pensión Familiar como alternativa para aquellas personas que de otra forma no podrían acceder a una pensión de vejez, puede dar alivio en el corto plazo para un sistema que no ha logrado la cobertura deseada, pero no deja de ser una solución parcial que no ataca la problemática de fondo.
“Por ejemplo, una reforma más profunda y que permitiría que un mayor número de colombianos puedan obtener una pensión, consistiría en desligar la pensión mínima del salario mínimo… el que en nuestro país exista tal restricción, aleja cada vez más la realidad del mercado laboral del umbral necesario para acceder a la pensión, aumenta el pasivo pensional y margina del derecho a pensión, por lo menos de una equivalente a un porcentaje del salario mínimo, a una gran mayoría de la población”, sostienen los analistas
PEAJES SERÍAN MANEJADOS POR EL GOBIERNO
Con el objetivo de fortalecer las obras públicas y evitar que se conviertan en un negocio, será presentado un proyecto de reforma a las concesiones para definir, entre otros, que los peajes sean manejados directamente por el Gobierno.
Así lo dio a conocer el ministro de Transporte Germán Cardona, afirmando que dicha propuesta la llevarán al Congreso de la República el próximo 20 de julio.
El anuncio fue hecho al término de una reunión en Boyacá, donde, además, el jefe de la cartera ministerial señaló que nunca han tenido la intención de tocar la zona del monumento histórico del Puente de Boyacá.
“La vía no es un tema que le compete al departamento solamente, sino al país, nadie va a tocar el Puente de Boyacá ni el área sagrada, si esa es la voluntad de los boyacenses y de los colombianos y es un monumento nacional que refleja la historia del país", puntualizó Cardona.
Además, ratificó su compromiso de apoyar decididamente la construcción de la variante del Puente de Boyacá, en la vía que une Bogotá y Tunja. "Cuenten con que vamos a hacer la variante del Puente de Boyacá, ese compromiso lo asumo hoy", afirmó Cardona.
El funcionario explicó los pasos a seguir para hacer el compromiso realidad con las obras que iniciarían en el primer semestre de 2012. “Durante el segundo semestre de este año vamos a arbitrar los recursos, bien sea a través de vigencias futuras, del Presupuesto Nacional o a través de recursos de la concesión. Y vamos a estructurar si lo hacemos con el concesionario o como obra pública", dijo.
El ministro Cardona también informó que en Boyacá han invertido 114.500 millones de pesos en atención por las consecuencias de la ola invernal, dinero que ha beneficiado a 98 de los 123 municipios.
NO SE DESCARTA QUE CORTES RADIQUEN SU PROPIA REFORMA JUDICIAL
Presidente de Corte Suprema le dijo a EL NUEVO SIGLO que esa es una posibilidad, pero que por el momento seguirán debatiendo la iniciativa del Ejecutivo.
A UNA semana de que sea radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma a la justicia, no se descarta que las altas Cortes hagan lo mismo con una iniciativa propia.
El presidente de la Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, le dijo a EL NUEVO SIGLO que aunque las Cortes no han estudiado formalmente esta propuesta, es una posibilidad. Según el magistrado, el martes próximo las Cortes estudiarán qué hacer frente a los temas que no han podido ser concertados en la iniciativa de reforma que ha planteado el Gobierno.
De todas formas, Tarquino señaló, tal como lo había anunciado el Ministro del Interior el martes pasado, que podrían darse más encuentros con el Gobierno para seguir debatiendo varios temas del proyecto de reforma.
Por su parte, ayer el jefe de la cartera política manifestó que el Gobierno no se opone a que los altos tribunales lleven sus opiniones al seno del Congreso.
“Hemos acordado que todas las opiniones que enriquezcan este proyecto son bienvenidas. Claro, las Cortes tienen iniciativas en esta materia y qué bueno que en aquellos puntos en los que no se ha logrado consenso, ellas lleven sus propias opiniones, de manera que el Gobierno no tiene ningún inconveniente. Todo lo contrario: celebra que ello sea así “, aseveró el Jefe de la cartera política.
Así mismo, Vargas Lleras recordó que en la pasada reunión de la Comisión Interinstitucional de Reforma a la Justicia, los días 11 y 12 de julio, lograron consensos con los presidentes de las altas Cortes en varios temas de la reforma.
“Recuerden que hay muchos aspectos en los que se ha logrado consenso, y en aquellos que no, hemos acordado seguir las liberaciones en estos días, pero que sea el Congreso el escenario natural en donde continúe el debate”, afirmó.
El mismo funcionario dio a conocer el martes pasado los temas que trataron con las Cortes. “Durante las sesiones llevadas a cabo los días 11 y 12 de julio de 2011, se discutieron los temas relacionados con el sector Justicia y su reforma constitucional, entre los que se destacan los relativos a la acción de tutela; la acción pública de inexequibilidad; la fuerza vinculante de la jurisprudencia; la seguridad jurídica; el mejoramiento de la oferta de Justicia a través del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de notarios, empleados judiciales, centros de conciliación, centros de arbitraje, abogados en ejercicio; el arbitramento obligatorio, elección, requisitos, período, inhabilidades y edad de retiro forzoso de los magistrados; juzgamiento de aforados; financiación y presupuesto de la Rama Judicial, y la reforma institucional a la administración de la Rama Judicial, entre otros”, dijo.
Sin embargo, aunque no se anunciaron oficialmente los aspectos en los que se llegó a un consenso entre el Gobierno y las Cortes, la reforma a la tutela y la supresión del Consejo Superior de la Judicatura siguen siendo la piedra en el zapato.
Desde el momento en que el Gobierno hizo público el borrador del texto del proyecto, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado expusieron fuertes críticas a la reglamentación de la tutela contra sentencia judicial, pues la iniciativa contempla que la Corte Constitucional revise las impugnaciones de los fallos proferidos por estos dos altos tribunales.
En cuanto a la eliminación de la Judicatura, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, dijo el martes pasado, que el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa no es partidario de esa propuesta.
CMI
MININTERIOR CONSULTA AL CONSEJO DE ESTADO SOBRE APLICABILIDAD DE LA REFORMA POLÍTICA
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, informó que le solicitó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, emitir concepto sobre los aspectos contenidos en la Reforma Política que será promulgada hoy por el Presidente de la República y el alcance de sus normas para las elecciones de octubre.
El alto funcionario explicó que dicha solicitud surge ante la multiplicidad de interpretaciones que puede generar la entrada en vigencia de la norma.
"Hoy mismo hemos surtido ante el Consejo de Estado esa consulta sobre aspectos como: si las listas que no incorporan el 30% de mujeres son válidas o no lo son, sobre la fecha y el calendario máximo para inscripción de listas. Este concepto nos permitirá aclarar, con fuerza vinculante, las dudas que surgen de la aplicabilidad de la reforma política", indicó el ministro Vargas Lleras, quien confía en que la próxima semana se conozca el concepto del Alto Tribunal.